Convocatoria investigación 2013
Convocatoria investigación 2013
Esquema de la investigación 2013 ODA-ALC del Grupo DSPP UBA Argentina
I. Título de la investigación.
Políticas sociales y legislación para la garantía y protección del derecho a la alimentación adecuada en Argentina.
II. Institución académica.
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, Universidad de Buenos Aires. Argentina.
III. Grupo investigador.
Laura Pautassi (directora), Maximiliano Carrasco (co-director), Ana María Bestard, Verónica Carmona Barrenechea, Laura Royo, Ángeles Bermúdez, Giuseppe Manuel Messina, Gustavo Gamallo, Pilar Arcidiácono, Mora Kantor, Mora Straschnoy y Lorena Balardini.
IV. Palabras claves.
Políticas Sociales – Legislación – Derecho a la alimentación adecuada – Enfoque de derechos – Argentina.
V. Síntesis.
En función de uno de los propósitos generales del ODA-ALC consistente en promover la incidencia en las legislaciones y en las políticas públicas de los Estados, el presente proyecto de investigación busca proporcionar insumos y herramientas para la toma de decisiones, especialmente en el marco de las iniciativas del Frente Parlamentario contra el Hambre de Argentina (FPH Argentina). El FPH Argentina, entre sus objetivos, se fijó: i) “Elaborar un Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación”; ii) “Efectuar una revisión de la Ley. 25.724 (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria –PNSA-)”; y iii) Avanzar en frentes parlamentarios contra el hambre en instancias provinciales/locales.
En este sentido, desde el presente proyecto, se han realizado los siguientes trabajos que guardan relación con los objetivos del FPH Argentina.
Trabajo 1: “El derecho a la alimentación adecuada: importancia de la medición de cumplimiento de las obligaciones estatales y aplicación del enfoque de derechos en una ley marco de derecho a la alimentación en Argentina”
Trabajo 2: “Diez años del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y la persistente necesidad de políticas respetuosas del derecho a la alimentación adecuada”
Trabajo 3: “El derecho a la alimentación en la Ciudad de Buenos Aires: análisis de los Programas Ciudadanía Porteña y Ticket Social”
VI. Metodología.
Trabajo 1: Se realizó una síntesis del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) aplicable y de los principales instrumentos diseñados a partir de la interpretación de los estándares que se han desarrollado a la fecha sobre el alcance de las obligaciones estatales en materia de alimentación, para en base a ello desarrollar y justificar propuestas de medición de derechos a partir del uso de indicadores de progreso y analizar la efectiva incorporación del enfoque de derechos en el anteproyecto de ley marco de derecho a la alimentación del FPH Argentina.
Trabajo 2: Se analizó el PNSA a través de documentos oficiales de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales y de organismos de control nacionales. Con los datos obtenidos, se identificaron aspectos críticos del plan y se realizaron observaciones a la luz del enfoque de derechos. Entre los documentos relevados se encuentran: i) Informes de la Auditoría General de la Nación, ii) Evolución presupuestaria del PNSA desde el año 2003 al año 2012 en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación, iii) La totalidad de iniciativas legislativas presentadas en el Congreso Nacional referidas al PNSA entre 2002 y Agosto de 2013.
Trabajo 3: Se trabajó desde una perspectiva macrosocial, realizando análisis documental de normativa relacionada a los programas CP y TS. Para el estudio del impacto cuantitativo se realizó una estimación propia del aumento de precios en base a distintas canastas alimentarias y los montos de prestación de los programas. Asimismo se incluyó dentro del análisis la acción de amparo presentada por la Asesoría General Tutelar (AGT), tomando distintos elementos del expediente judicial.
VII. Principales conclusiones.
Trabajo 1: Existe una necesidad de afianzar más las obligaciones estatales en materia de derecho a la alimentación adecuada, entendiendo el desarrollo de indicadores e incorporación de los mismos por los Estados como un factor relevante. Resulta positiva la presentación de anteproyectos de ley marco en el Congreso Nacional de Argentina. Sería oportuno avanzar con el proyecto del FPH Argentina que abrió la participación en su armado a múltiples actores y plantea una propuesta que, en base a la soberanía alimentaria, incorpora la perspectiva de interdependencia e indivisibilidad de los DDHH.
Trabajo 2: En cuanto al “contenido mínimo” del derecho a la alimentación, el PNSA no ha logrado cumplir con la adecuación ni con la accesibilidad económica (vgr. prestaciones únicas anuales, montos insuficientes de las tarjetas para la compra de alimentos de la
canasta básica). La implementación del PNSA presentó irregularidades en múltiples jurisdicciones y localidades, lo cual se pudo constatar a través de informes de AGN y de pedidos de información en el ámbito legislativo. El PNSA no ha garantizado una correcta
rendición de cuentas, basada en un claro y oportuno acceso a información y producción de información. El presupuesto del PNSA se ha ido incrementando a lo largo de los años. No obstante ello, debe tenerse en cuenta el contexto inflacionario. Asimismo, ha existido un mayor incremento proporcional del salario mínimo respecto del PNSA. A diez años de su implementación, el PNSA continúa siendo una política de emergencia originada en un período post crisis, pero apartada de un enfoque basado en derechos.
Trabajo 3: CP fue un programa innovador y de ampliación de derechos en sus inicios, incrementando los niveles de cobertura y de impacto dentro de la población más vulnerable de la Ciudad. En lugar de ampliar y “mejorar” CP, las nuevas gestiones de gobierno crearon TS, destinado para la misma población pero con una prestación con un monto mucho menor y sin relación con los requerimientos mínimos de la Canasta Alimentaria. La respuesta del GCBA en relación al derecho a la alimentación es deficitaria y regresiva. En términos de impacto cuantitativo de estos dos programas, los resultados muestran una reducción continua de la población cubierta, hecho que podría estar relacionado con la implementación a nivel nacional de la Asignación Universal por Hijo. Cabe destacar la reducción en términos reales del gasto destinado a estos programas. El Poder Judicial juega un rol clave en la arena de las políticas públicas para exigir el efectivo cumplimiento de los derechos sociales (a raíz del análisis del amparo de la AGT).
VIII. Principales referentes bibliográficos.
ABRAMOVICH, V. Y PAUTASSI, L. (2009), El enfoque de derechos y la institucionalidad de las políticas sociales. En: Abramovich, V. y Pautassi, L. (comp.) La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2009.
FAO. (2005). Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y La Alimentación, Roma, 2005.
FIAN. (2007). Vigilando la acción estatal contra el hambre. Cómo usar las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación para monitorear las políticas públicas. Heidelberg, FIAN Internacional.
OEA. (2013). Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, Segundo agrupamiento de derechos. Washington, OEA. Ref. OEA/Ser.L/XXV.2.1 GT/PSS/doc.8/13.
PAUTASSI, L. Y ZIBECCHI, C. (2012) Respuestas Estatales en torno a la alimentación y al Cuidado, Grupo Interdiscplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires.
